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Ingobernabilidad en el ayuntamiento de Carmen

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Ciudad del Carmen, 4 Nov.- “El saqueo del que fue objeto el Ayuntamiento del Carmen por parte de la administración de Enrique Iván González López, es un asunto que compete investigar a la Auditoría Superior y la Fiscalía General del Estado de Campeche, no un tema que debe litigarse en los medios”, acusó el Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Angel Pineda Jiménez, al afirmar que el propósito del edil Pablo Gutiérrez Lazarus al exponer públicamente el caso, tiene como objeto justificar su incompetencia como gobernante.

La dirigencia municipal del PRD en el Municipio del Carmen aseveró que las nuevas acusaciones emitidas por el alcalde Gutiérrez Lazarus, denotan el urgente interés del panista para mostrarse como un alcalde responsable, cuando en realidad no ha podido asumir las riendas del gobierno.

“Con sus actuación Gutiérrez Lazarus no solamente denota incompetencia y revanchismo, sino que dentro del Ayuntamiento del Carmen prevalece una marcada ingobernabilidad”, acusó Pineda Jiménez.

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Desconocimiento de la ley

El perredista aseguró que con el afán de justiciar su falta de capacidad de gobierno, el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus y los cabildantes de dicho partido anunciaron la presunta revocación del acuerdo 262 del Presupuesto de Egresos, correspondiente al mes de septiembre del presente año, con lo que pretenden dar marcha atrás a uno de los últimos acuerdos de cabildo tomados por la administración de Enrique González López.

“Con esta iniciativa el alcalde Gutiérrez Lazarus, así como los cabildantes del PAN, muestran únicamente el desconocimiento de la legislación municipal, ya que no pueden dar marcha atrás a un acuerdo de cabildo y enviarlo nuevamente a la Comisión de Hacienda.

“Tal vez lo que pretende el alcalde es atraer la atención de los medios de comunicación o distraer a la población carmelita que ya comienza a dudar de su capacidad de gobierno, puesto que, toda vez que las presuntas irregularidades ya fueron cometidas, compete turnar el caso a las autoridades correspondientes, que en este caso son la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General”, declaró Pineda Jiménez.

PRD no aprobó cuenta de septiembre

El también miembro de la corriente Vanguardia Progresista también aclaró que en su momento los miembros de Partido Acción Nacional que conformaban el cabildo 2012-2015 -Fátima Margarita Calderón Hernández, Sandra Leticia Priani Rodríguez y Luis Alberto Medina Abhimeri- debieron impugnar en forma oportuna el citado acuerdo, pero no lo hicieron, pues estaban más ocupados haciendo campaña en favor de Alejandro Moreno Cárdenas –las primeras- y Jorge Rosiñol Abreu –el segundo-.

“Es más, los panistas mencionados aprobaron todas las cuentas públicas y nunca protestaron ante las evidentes irregularidades, entonces ahora más que nunca el alcalde del PAN está obligado a actuar con congruencia”, dijo el perredista.

Recordó que precisamente fue el PRD, por medio de la sindicatura administrativa representada por Lucía Florentina Rodríguez Ehuan, el único partido que se negó a aprobar ese y otros acuerdos, ya que iban en contra de los intereses de los carmelitas.

Pretenden distraer a la comunidad

Pineda Jiménez declaró que, efectivamente, existen irregularidades por más de 211 millones de pesos, correspondientes a recursos provenientes del rubro denominado transferencia presupuestaria, pero que esas presuntas irregularidades deben ser denunciadas a las instancias superiores competentes o sea: la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado de Campeche.

“Pablo Gutiérrez Lazarus en vez de tratar de desinformar a la población, debe dejar de actuar en forma vengativa y, en coordinación con los cabildantes, así como la Contraloría del Ayuntamiento, deben recabar los datos suficientes y presentar la denuncia ante las autoridades competentes.

“Desde luego que como alcalde del Carmen está obligado a actuar con congruencia y solicitar a las autoridades competentes inicien las investigaciones pertinentes para que los responsables de los presuntos malos manejos sean llamados a cuentas, y en de resultar culpables, aplicarles las sanciones correspondientes”, enfatizó Pineda Jiménez.

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